By Ana Herrera, aseguró que hace más de dos años entregó información y denuncias ante la Fiscalía General del Estado en la provincia, sin que hasta el momento, según indicó, existan resultados visibles. “Hace más de dos años, nosotros habíamos entregado información y unas denuncias a la fiscalía General del Estado en la provincia y en la provincia no hacen absolutamente nada”, manifestó.
No se detallaron las supuestas anomalías, no obstante resalta, que existe la información que fue entregado a la autoridad competente.
La legisladora afirmó que han presentado audios y documentación que evidenciarían presuntas anomalías, e incluso mencionó que en algunos registros se haría referencia a autoridades locales. “Les hemos entregado audios, les hemos entregado documentación y las autoridades no han hecho absolutamente nada”, expresó, cuestionando especialmente la actuación del Gobernador en este contexto.
En su intervención también hizo alusión al asambleísta Marco Olmedo, señalando que días atrás anunció un proceso de fiscalización relacionado con centros de salud en la parroquia Belisario Quevedo, donde según Herrera, se detectaron irregularidades contractuales que derivaron en la anulación de proceso de contratación.
La asambleísta cuestionó la continuidad de esas acciones y preguntó públicamente por qué el proceso de fiscalización no habría avanzado. “¿Y qué pasó con eso? ¿Qué hizo el asambleísta con eso? ¿Por qué se ha quedado callado de la noche a la mañana y ahora ya no fiscaliza?”, enfatizó.
Invitó a un diálogo público para esclarecer la situación del sistema de salud en la provincia. “Yo le invito a la asambleísta a que podamos conversar, a que tengamos un diálogo, él y yo en cualquier medio público para que aclaremos de una vez a la provincia de Cotopaxi, qué es lo que está pasando en el sistema de salud”, sostuvo.
Herrera recalcó que la ciudadanía no debe verse afectada por disputas políticas y advirtió que el sistema de salud requiere respuestas concretas. Señaló que las autoridades nacionales y locales deben asumir su responsabilidad frente a las denuncias y garantizar transparencia en la gestión pública.
