By .- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió convocar a un paro nacional inmediato e indefinido tras una asamblea extraordinaria realizada el jueves 18 de septiembre en Chimborazo. La decisión se adoptó en rechazo a varias medidas implementadas por el Gobierno, principalmente al Decreto Ejecutivo Nº 126, emitido el pasado 12 de septiembre por el presidente Daniel Noboa.
El anuncio lo realizó Jaime Vargas, presidente de la Conaie, quien explicó que durante la jornada se analizaron los impactos de la decisión gubernamental junto a las bases de los pueblos y nacionalidades indígenas. Según señaló, la medida responde al mandato colectivo de las comunidades organizadas.
Dentro de las resoluciones que fueron leídas por Vargas, en el punto 10 se establece: “Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido”. Vargas precisó que la protesta no tiene una fecha específica para su inicio o fin, sino que dependerá de las decisiones que adopten las estructuras territoriales.
Durante la asamblea también se presentaron los principales lineamientos que guiarán la movilización. Entre ellos, se destaca la ratificación de la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades y sectores sociales aliados, con el fin de enfrentar lo que califican como un ajuste económico que impacta de manera directa a las familias más vulnerables del país.
Una de las resoluciones centrales es la exigencia de la derogatoria del Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel. Para la organización indígena, esta medida encarece el transporte, la producción y los alimentos, afectando la vida de millones de ecuatorianos. En la misma línea, se manifestó un rechazo categórico al incremento progresivo del precio de los combustibles.
La Conaie también denunció y rechazó lo que considera amenazas, represión y criminalización por parte del Gobierno nacional. “Nos acogemos al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales como la ONU, para que permanezcan vigilantes”, señalaron.
Entre los puntos más sensibles está la oposición al extractivismo y a la expansión de la frontera petrolera en territorios indígenas, así como la solicitud de revocar la licencia ambiental en páramos como Quimsacocha, Las Naves y Palo Quemado. De igual forma, declararon el estado de excepción comunitaria en los territorios de los pueblos y nacionalidades, prohibiendo el ingreso de la fuerza pública y llamando a la activación de las guardias comunitarias.
Rechazo a la consulta popular
Ademas de ello, rechazan la consulta popular y la intención de convocar a una Asamblea Constituyente, al considerar que no resuelven los problemas de fondo del país y representan un gasto de más de 60 millones de dólares. También se exigió la reducción del IVA del 15% al 12%, bajo el argumento de que el incremento no cumplió con su objetivo de combatir la inseguridad. Hasta el cierre de esta edición, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) no se ha pronunciado al respecto.
