By De acuerdo con David Rosero, consejero nacional de Participación Ciudadana, “hasta el 13 de julio fue la fecha límite para los eventos de deliberación pública, ahora tendrán que entregar los informes de rendición de cuentas todos los GAD, los asambleístas, las instituciones públicas que manejan recursos del Estado, las universidades, los medios de comunicación”.
Una vez recibidos los informes, el Cpccs iniciará un proceso de medición de los niveles de cumplimiento de las obligaciones establecidas. Esta información se la analiza y en caso de incumplimiento se trasladaría directamente a la Contraloría General del Estado como se lo establece en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana.
Los parámetros de evaluación incluyen el nivel de ejecución presupuestaria, el cumplimiento de planes, programas y proyectos, así como el alcance de las metas y los niveles de participación dependiendo si es una institución que tiene ejecución de gasto o es un tema de cuerpo colegiado.
En el caso de los asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales que no manejan directamente recursos públicos, la rendición de cuentas se enfocará en otros aspectos. “Quienes legislan y fiscalizan en cualquier nivel de gobierno, no manejan directamente recursos, pero rinden cuentas sobre otros parámetros: presentación de ordenanzas, leyes, propuestas, procesos de fiscalización, acceso a la información, etc.”, indicó el consejero.
Además, se está planteando la implementación de un sistema de medición a nivel nacional para evaluar de manera más eficiente los niveles de cumplimiento. “Se está planteando un proyecto a nivel nacional con la corporación internacional para hacer un sistema de medición de los niveles de cumplimiento”, concluyó Rosero.
La rendición de cuentas es un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la confianza en las instituciones del Estado.
