By Durante una entrevista con un medio de comunicación local, Quishpe fue consultada sobre la seguridad de consumir agua directamente del grifo. Su respuesta fue contundente: “Aquí en Latacunga no, yo vivo en Quito y en Quito puedo tomarla tranquilamente”. La funcionaria añadió que existen múltiples aspectos que deben mejorar para cambiar esta situación y anunció acciones inmediatas para optimizar el sistema de agua potable.
Las palabras de Quishpe provocaron indignación en la población, que reclama la falta de un servicio de calidad pese a cumplir con sus obligaciones de pago. Los habitantes exigen a las autoridades municipales soluciones concretas que garanticen el acceso a agua segura, considerando que es un derecho fundamental.
Frente a la controversia, el alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, ofreció declaraciones en una entrevista con un medio digital del cantón, quien sostuvo que las afirmaciones de la directora fueron sacadas de contexto y advirtió que este tipo de tergiversaciones podrían ser consideradas un delito.
El burgomaestre aseguró que el agua tratada en los tres sistemas principales de Latacunga: Illigua, Calzado y Loma de Alcoceres, cumplen con todos los indicadores de calidad. “Lastimosamente desde ese odio malsano que se tiene de alguna gente, desde el pasquín digital que primero reproduce, deformando el verdadero contexto de una declaración, me parece que no es lo correcto”, puntualizó.
Tinajero también reconoció que el sistema de agua potable de Loma de Alcoceres ha estado abandonado por más de 15 años. No obstante, destacó que su administración ha asignado un presupuesto de aproximadamente $500,000 para su mantenimiento y mejora, como parte de un plan integral para garantizar la calidad del agua en todo el cantón.
La controversia ha puesto en el centro del debate la necesidad de mejorar la infraestructura del agua potable en Latacunga, así como la importancia de una comunicación clara y precisa por parte de las autoridades. La ciudadanía espera acciones concretas que respondan a sus preocupaciones y aseguren un servicio esencial para la salud pública.
