By Mediante el Decreto Ejecutivo 126, el presidente Daniel Noboa estableció que el precio del diésel premium para el segmento automotriz se fijará en 2,80 dólares por galón a nivel de surtidores y dispensadores. Esta disposición se suma al anuncio del traslado temporal de la sede del gobierno a Latacunga, lo que también ha suscitado diversas opiniones.
Para Enrique Castellano, esta medida es necesaria para ajustar los valores económicos del país y lograr una distribución más justa de los recursos. “Esta medida beneficiaría, porque la mayor parte del subsidio se llevaban los capitalistas, los millonarios, y nosotros también somos pueblo”, destacó.
Por su parte, Nicolás Tovar, presidente del Frente de Profesionales de Cotopaxi, respaldó la eliminación del subsidio, argumentando que éste favorecía a sectores específicos, incluyendo grupos delictivos. “1.600 millones de dólares para un grupo privilegiado, no puede ser. Hoy el Presidente ha tomado decididamente esta medida y eso beneficia a todos los ecuatorianos”, subrayó.
Tovar añadió que los recursos liberados permitirán redistribuir la riqueza a nivel nacional, generando oportunidades para todas las clases sociales. Además, consideró que el traslado temporal del gobierno a Latacunga debería aprovecharse para visibilizar las necesidades de la provincia y trabajar directamente en soluciones concretas.
Sin embargo, no todas las voces son favorables. Paúl Jácome, dirigente de Unidad Popular en Cotopaxi, expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo. Según Jácome, el aumento en el precio del diésel impactará negativamente a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a quienes dependen de la producción agropecuaria.
Asegura que, las autoridades nacionales habrían ofrecido que con el cambio de sede se mantendrían reuniones con los sectores sociales; no obstante, hasta el momento no se han realizado, por lo que espera que las autoridades consideren las opiniones de todos y respondan a las necesidades de los sectores que más lo necesitan.
Todos estos detalles han generado inquietud en diversos sectores, quienes esperan que el gobierno escuche y atienda sus demandas en el contexto de estos cambios significativos.
En este escenario, la eliminación del subsidio al diésel se posiciona como un tema central en el debate público, reflejando la complejidad de las decisiones económicas y su impacto en la vida cotidiana de los ecuatorianos.
