Durante la sesión, se determinó la suspensión de A.G.S.T., jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga, en Cotopaxi. La medida fue tomada después de que la jueza otorgara la libertad a una persona el 7 de septiembre de 2024, argumentando que había cumplido una condena de seis años, cuando en realidad aún le restaban ocho meses por cumplir.
Según el boletín oficial del Consejo de la Judicatura, la jueza enfrentará una suspensión de tres meses sin goce de sueldo como consecuencia de esta decisión errónea. Esta sanción busca resaltar la importancia de la responsabilidad y la precisión en el ámbito judicial,no se brindaron mayores detalles al respecto.
En otro caso que ha captado la atención pública, un video viral en redes sociales mostró a un funcionario del Consejo de la Judicatura negándose a tramitar un proceso judicial crucial para formalizar la detención de una persona arrestada por la Policía Nacional en un caso de violencia intrafamiliar. Este hecho motivó una reacción inmediata de la institución.
El Consejo anunció el inicio de acciones disciplinarias contra V.V.M., secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en el sur de Guayaquil. En un comunicado oficial se informó: “Debido a la posible afectación al acceso a la justicia, se ha dispuesto el traslado inmediato del secretario a otra dependencia judicial y una vez concluido el proceso disciplinario, se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente conforme a la ley”.
Autoridades provinciales resaltan que estas medidas reafirman su postura de tolerancia cero frente a irregularidades dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Además esperan que estos casos sirvan como un llamado de atención para todos los funcionarios del sistema judicial, subrayando la necesidad de actuar con ética, responsabilidad y en estricto cumplimiento de la ley.