Eduardo Chuquilla, presidente de la Unión de Transporte Escolar e Institucional de Cotopaxi, informó que este lunes se llevó a cabo una manifestación pacífica en Latacunga. El objetivo fue solicitar al presidente de la República la derogación del decreto 126, que elimina el subsidio al diésel y establece un nuevo precio para este combustible.
Chuquilla destacó que la eliminación del subsidio implica un incremento del 55 % en el costo por galón de diésel. “Si un vehículo tanqueaba con un valor de $30, hoy tiene que poner entre $42 y $43, eso es significativo, lo que afecta a la economía”, resaltó, subrayando el impacto directo en los costos operativos de las unidades de transporte.
Además del aumento del precio del diésel, el sector enfrenta la competencia del transporte informal, cuyos operadores no pagan por permisos ante las instituciones correspondientes. “Con la subida en el precio del diésel, este negocio ya no podría considerarse rentable”, agregó Chuquilla.
A pesar de estos desafíos, el presidente de la Unión de Transporte Escolar e Institucional aseguró que los servicios no están paralizados, pues los estudiantes y empresas necesitan de los mismos para su traslado diario, no obstante, se mantendrán movilizaciones pacíficas.
Chuquilla también mencionó que, hasta el momento, no han sostenido reuniones con autoridades locales o nacionales. Sin embargo, expresó su esperanza de ser incluidos en espacios de diálogo. “Esperamos que este sea el espacio para nosotros también ser convocados a las mesas técnicas donde presentar nuestra problemática”, apuntó.
La organización que representa está conformada por 12 operadoras de transporte escolar, lo que implica alrededor de 250 accionistas que prestan servicio a la comunidad, aproximadamente 35 ciudadanos por unidad de transporte. Esta estructura refleja la importancia del sector en la dinámica educativa y empresarial de la región.
En cuanto a las compensaciones anunciadas por el Gobierno, Chuquilla destacó que el transporte escolar e institucional no está incluido en las bases de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. “Nosotros, como somos de transporte comercial, no estamos incluidos en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito; si hubiera ese tipo de subsidio, sería solamente para transporte público”, aseguró.
Indicó que aún no se ha definido un posible incremento en las tarifas que se cobran a los padres de familia por el transporte de sus hijos. Todos estos detalles deberán ser analizados a nivel nacional, subrayando la necesidad de reflexionar sobre el impacto económico de estas medidas en el sector.