Conflicto y conservación, el reto de San Isidro en Cotopaxi

Conflicto y conservación, el reto de San Isidro en Cotopaxi

La comunidad de San Isidro, en la provincia de Cotopaxi, ha marcado un hito al declarar 1.071 hectáreas de su territorio como zona de protección hídrica, en un esfuerzo por preservar los recursos naturales, este avance se da en un contexto de preocupación ambiental y en medio de una discusión sobre la jurisdicción del área, la cual involucra a los cantones de Salcedo y Pujilí.

Alex Toapanta, presidente del MIC Cotopaxi, explica que, si bien no se trata de un conflicto limítrofe como tal, la situación ha generado inquietud entre los habitantes de la comunidad, algunos de los cuales, en calidad de huacipungueros, reclaman propiedad sobre el páramo. “Existe una inquietud en la comunidad, ya que algunos habitantes consideran que también tienen derechos sobre el terreno por sus títulos de propiedad antiguos, la iniciativa de declararlo como zona de protección hídrica ha sido un paso pionero, pero plantea un reto en términos de registro territorial”, señala Toapanta.

La discusión se ha trasladado a mesas técnicas organizadas por el municipio de Salcedo, que buscan aclarar en qué jurisdicción debe registrarse esta zona, tanto técnicos municipales como el síndico del cantón han revisado el caso, y en los próximos días se espera una resolución que defina si el área corresponde al cantón Pujilí o a Salcedo. Según Toapanta, “el alcalde y sus técnicos deben emitir un pronunciamiento, lo cual es clave para avanzar en el cuidado de estos páramos y asegurar su protección bajo el marco legal adecuado”.

Mientras se espera esta decisión, los habitantes de San Isidro y sus alrededores ya han comenzado a beneficiarse del acceso al agua de consumo humano y riego, recursos que este territorio abastece. Además, Toapanta destaca el impacto positivo que esta reserva hídrica tiene en el medio ambiente, al contribuir a la oxigenación y al bienestar climático de Cotopaxi. En el ámbito local, el agua potable y de riego beneficia a las comunidades de la zona baja de Pujilí, así como a comunidades de las zonas altas, como Yacubamba, Yanahurco y La Playa.

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