By Según representantes del Consejo de la judicatura en Cotopaxi, María Belén Bedón, se estima que se requieren 559 millones de dólares para superar las deficiencias actuales, principalmente para modernizar la tecnología obsoleta que data de hace más de 15 años. Serían 205 millones de dólares de déficit para poder solventar todas las necesidades. “En la última década se olvidaron de planificar los recursos para el Consejo de la Judicatura y eso es lo que nos ha permitido el día de hoy tener un déficit de jueces”, manifestó.
En la provincia de Cotopaxi, aunque la situación no es tan crítica comparada con otras regiones, persisten varios inconvenientes. “Nuestros edificios no están tan deteriorados como en otras provincias, esa es la ventaja que tenemos en nuestra institución”, comentó. No obstante, en el complejo judicial de Latacunga se han identificado goteras y problemas con los ascensores, lo que ha motivado la implementación de procesos administrativos para mitigar estos daños.
“En lo que respecta a infraestructura, estamos levantando ya el informe de necesidad”, mencionó. La falta de un técnico en infraestructura a nivel provincial ha complicado la identificación y solución de estos problemas, por lo que se espera su pronta asignación para avanzar en los trabajos requeridos.
En los cantones La Maná y Pangua, el Consejo de la Judicatura opera en edificios arrendados, lo que implica depender del mantenimiento proporcionado por los propietarios. “Estamos buscando la posibilidad, con el apoyo institucional, de ya no tener bienes arrendados, sino más bien proceder a convenios de uso o comodatos, a fin de que podamos ahorrar ese gasto al Consejo de la Judicatura”, explicó.
En Latacunga, se ha iniciado un diálogo con el Alcalde para obtener un espacio donde albergar el archivo pasivo del Consejo. Resaltando que se brindó las facilidades y se desarrolla el estudio para analizar el bien municipal que se pueda utilizar.
Según apunta, la crisis presupuestaria del Consejo de la Judicatura no solo compromete la infraestructura física, sino también la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía. La falta de planificación y recursos adecuados ha generado un escenario complejo que requiere la colaboración de diversas autoridades y una gestión estratégica para superarlo.
La adopción de medidas urgentes y la asignación de recursos adecuados son fundamentales para garantizar un servicio judicial eficiente y seguro en todo el país.
