By La exasambleísta Gissella Molina, actualmente activista y figura política en la provincia de Cotopaxi, se pronunció sobre lo que considera un sistema de corrupción que habría operado durante varios años en distintas instituciones locales.
En su intervención, cuestionó directamente la situación actual y expresó: “qué está sucediendo con el sistema de corrupción que se maneja por muchos años en la provincia”.
Molina hizo énfasis en el caso denominado “Depuración 1”, al señalar que se trata de una investigación de gran alcance. “hablar en este momento específicamente del operativo depuración 1, el que involucra una trama de delincuencia organizada que ha operado por varios años en la prefectura de Cotopaxi, pero de sobremanera con nexos en algunos municipios y puntualizando es el municipio de Latacunga con la Universidad de Cotopaxi también”.
Según explicó, uno de los principales focos de la presunta corrupción estaría en la contratación pública. “Hablamos en los temas de contratos porque es donde más se va el dinero del servicio, o sea el dinero de asignaciones del gobierno central, los presupuestos anuales se barajaban y se contrataban con estas estructuras”.
Asimismo, cuestionó decisiones judiciales adoptadas en etapas del proceso. “La presidenta de la Corte en aquel momento dio como finalizado este proceso por unos supuestos errores que más eran de origen y de índole política que de materia en sí”.
En ese contexto, manifestó su incomodidad frente a posibles contradicciones dentro del actual escenario político. “se debe puntualizar que nos sentimos bastante confundidos, incómodos, porque el ministro del interior con el gobierno actual, dicen que están en contra de la corrupción, pero la esposa del actual Gobernador de Cotopaxi era la presidenta de la Corte, quien declaró el acto de nulidad en este proceso de delincuencia organizada de la prefectura de Cotopaxi”.
La exasambleísta también puso en duda la nulidad del proceso, considerando la magnitud de la investigación. “…cómo puede ser posible que dos años de investigación y trabajo de varias entidades con más de 100,000 hojas en el expediente se haya procedido a declarar la nulidad con tantísimas pruebas”.
Dentro de sus declaraciones, Molina mencionó a uno de los presuntos implicados. “dónde está involucrado como cabecilla el ex prefecto de Cotopaxi, que es el señor Jorge Guamán Coronel con toda su trama de contratistas y más funcionarios”.
No obstante, según información de la Fiscalía, el proceso no ha sido archivado y continúa en curso, manteniéndose la posibilidad de un llamamiento a juicio. Esto implicaría que la causa aún no ha sido cerrada y que las investigaciones siguen su curso legal.
En ese sentido, Molina advirtió sobre posibles dilaciones en el proceso. “han dicho que solamente falta un año y medio para declarar ya el proceso totalmente absuelto y eso cumplen los tiempos, hasta eso les vamos a dar largas, no va a pasar nada”. Frente a ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia una resolución judicial. “Entonces aquí lo que se quiere que se dé el llamamiento a juicio y ya proceder con las respectivas lo que se llama sentencias”, apuntó.
Señaló que el caso involucraría montos significativos. Asegura que, dentro de este proceso judicial se hablarían de 34 millones de dólares que hacen referencia a la investigación, “está dentro del expediente, hace referencia a los presupuestos de la prefectura de Cotopaxi que han sido sustraídos a través de los contratos fraudulentos, de acuerdos, de transferencias, de compras de propiedades que están debidamente identificadas y ya cotizadas en estos momentos y también los nombres de los contratistas y de cada persona implicada”.
