By Miriam Torres, representante de los socializadores técnicos del proyecto, explicó que Renagro fue creado para levantar información de agricultores de todo el país con el propósito de generar futuras ayudas para este sector; sin embargo, señaló que desde marzo, abril y mayo no han recibido sus pagos, registrándose casos de trabajadores a quienes se adeudan entre 3.000 y 5.000 dólares.
La dirigente informó que han acudido a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía para exigir una solución, aunque asegura que las audiencias no han avanzado debido a retrasos y ausencias de representantes de las empresas involucradas, añadió que el problema afecta a familias enteras que dependían de estos ingresos.
Según manifestó, el proyecto inició formalmente por parte de la empresa contratante en noviembre de 2025 y las labores de campo arrancaron en enero de este año, no obstante, según destaca desde el 20 de mayo las actividades se suspendieron por la falta de pagos.
La representante sostuvo que acudieron al Ministerio de Agricultura, donde recibieron información de que más de tres millones de dólares ya habrían sido transferidos a la empresa contratista. Pese a ello, asegura que los trabajadores continúan sin recibir sus remuneraciones y que constantemente se modificaban formatos e informes, lo que, según denunció, retrasaba aún más el proceso.
También afirmó que varios empleados no cuentan con contratos laborales, beneficios sociales ni documentación formal que respalde su relación de trabajo, incluso indicó que algunos socializadores y transportistas utilizaron recursos propios para concluir las encuestas en comunidades rurales ante el retiro de compañeros que no podían continuar laborando sin ingresos.
Torres expresó su preocupación al conocer que presuntamente se estaría contratando nuevo personal para finalizar el proyecto, mientras aún existen trabajadores que no han recibido pagos pendientes. Señaló que en provincias como Cotopaxi, Pichincha e Imbabura persiste el mismo problema y que algunas personas fueron desvinculadas con la promesa de cancelarles recién en diciembre.
Hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y garanticen el pago de los valores adeudados, recalcando que los trabajadores únicamente buscan que se respeten sus derechos laborales y que se cumplan los compromisos asumidos al inicio del proyecto.
Los afectados anunciaron que continuarán con acciones legales y mediáticas hasta obtener una respuesta concreta, insistiendo en que el incumplimiento ha generado graves afectaciones económicas en cientos de hogares ecuatorianos.
