By Diego Villagrán, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria, explicó que, en el marco del estado de excepción vigente en varias provincias del país y en el cantón La Maná, la institución concentra sus esfuerzos tanto en este cantón como en la provincia de Los Ríos, jurisdicciones bajo su responsabilidad. En estos sectores se ejecutan operaciones militares de manera permanente, las 24 horas del día, con el propósito de brindar tranquilidad a la población y reducir los riesgos derivados de la actividad delictiva.
El oficial informó que, entre enero y julio de 2026, la Brigada ha ejecutado 923 operativos únicamente en La Maná. Como resultado de estas acciones se recuperaron cuatro motocicletas, se incautaron 26 armas de fuego —entre cortas y largas— y se aprehendió a 60 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas. Además, se decomisaron municiones y sustancias sujetas a fiscalización, se desmanteló un campamento presuntamente utilizado para la minería ilegal, se retiraron transformadores eléctricos empleados en esta actividad y se destruyeron 18 bocaminas que contaminaban los ríos y afectaban al medio ambiente.
Villagrán señaló que La Maná presenta características particulares debido a su ubicación limítrofe con la provincia de Los Ríos, una zona con altos niveles de conflictividad. Esta condición ha motivado que el Ejecutivo declare en varias ocasiones el estado de excepción en el cantón, ya que grupos delictivos aprovechan este corredor para el traslado por vía terrestre de sustancias sujetas a fiscalización, armas y municiones hacia Latacunga y Pujilí. Frente a esta realidad, el trabajo militar se concentra en controles de carreteras y en intervenciones sobre objetivos de alto valor identificados mediante labores de inteligencia y denuncias ciudadanas. Según el comandante, estas acciones han permitido mantener una relativa calma en La Maná.
Finalmente, recordó que el estado de excepción decretado por el Gobierno faculta a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares de seguridad interna en las provincias y cantones comprendidos en la medida. Esto permite realizar registros e intervenir en inmuebles identificados por los organismos de inteligencia, donde se presume la existencia de personas vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con armas, municiones y explosivos.
