By El lunes 21 de julio de 2025, se declaró la nulidad del proceso penal que se lleva adelante por presunta delincuencia organizada en contra del exprefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y otras personas, entre ellos exfuncionarios y excontratistas del Gobierno Provincial.
En el acta resumen difundida en la plataforma del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) se lee textualmente que se declara “la nulidad de todo lo actuado a partir del impulso fiscal de fecha 15 de septiembre de 2021, 09:08, en adelante”.
Además, “se levantan las medidas cautelares reales y personales que se han dictado hasta el momento en contra de los procesados dentro de la presente causa”. Esta decisión al parecer fue apelada por Fiscalía.
La nulidad del proceso fue declarada por parte de la presidenta de la Corte Provincial de Cotopaxi y jueza ponente, Fátima Cedeño. La exasambleísta de Cotopaxi, Gissella Molina, aseguró durante una entrevista en Marca TV, que posiblemente esto dé paso a que los involucrados nuevamente se candidaticen a las próximas elecciones seccionales con el objetivo de dilatar el proceso (ya lo han hecho antes).
Asimismo, la exlegisladora, aseguró que la jueza Fátima Cedeño, “es gente de este gobierno” y que es “la representación del Gobierno en la provincia”. Su esposo es el actual gobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez.
El entrevistador durante la entrevista le consultó si este acto de nulidad sería ¿un pago político, al apoyo en la campaña electoral del actual Gobierno? A lo que Gissella Molina, respondió que ya le advirtieron que iban a “dar de baja” esta investigación.
Los procesados en este caso que la justicia denominó Depuración 1, se han candidatizado en las últimas elecciones para dilatar las investigaciones. De hecho, uno de ellos participó en la lista del presidente, Daniel Noboa (ADN), como candidato a Asambleísta alterno en el cuarto casillero. Ocurrió en 2023, cuando el primer mandatario, asumió el poder, tras la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso.
¿Qué es el acto de nulidad?
Significa que un juez determina que un acto o actuación dentro de ese proceso es inválido debido a irregularidades o vicios que afectan su validez. Esto puede llevar a que se anulen ciertas etapas o incluso todo el proceso, dependiendo de la gravedad de la falta.
En términos más simples, si durante un proceso penal se cometen errores graves que violan los derechos de alguna de las partes o se apartan de las normas legales, se puede solicitar o el juez puede declarar de oficio la nulidad de esas actuaciones. Esto puede implicar que se repita cierta parte del proceso, o incluso que se archive el caso por completo, dependiendo de la naturaleza de la irregularidad.
