By La propuesta establece que los municipios deberán priorizar la inversión en proyectos de desarrollo y limitar el gasto corriente, con el objetivo de evitar el uso excesivo de recursos en actividades como festividades. Desde el Gobierno se sostiene que esta medida busca garantizar un uso adecuado de los ingresos permanentes y no permanentes que reciben los municipios.
En el proyecto ingresado por el Ejecutivo el pasado 28 de enero se señala que: “La reforma establece una regla clara y verificable para que los GAD destinen un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, y servicios públicos. Es una regla fiscal con trazabilidad, control y rendición de cuentas y no más del 30% a gasto corriente, si no cumplen la norma, se les restarán los recursos.”
Según el Gobierno, la finalidad de esta reforma es impedir que los recursos públicos sean utilizados en gastos considerados no prioritarios, como fiestas o promoción de autoridades, y fortalecer la inversión en obras y servicios para la ciudadanía.
Sin embargo, durante la sesión del Concejo Municipal, el concejal Xavier Cajilema cuestionó duramente la iniciativa y manifestó que el proyecto económico urgente que reforma el COOTAD afecta directamente a los municipios. Afirmó que esta propuesta “violenta la autonomía del Gad municipal, política, administrativa y financiera, porque el gobierno lo que quiere es intervenir en el gad municipal para confiscar recursos económicos, para controlar a los municipios y lo más grave violenta la normativa de la equidad territorial”.
El edil sostuvo que la aplicación de la fórmula 70-30 no responde al argumento de limitar gastos en festividades. En ese sentido, aseguró que “No es cierto que dicen por ahí que es por el tema de las fiestas, pues eso ya está regulando en gobiernos anteriores que es prohibido eso”, y advirtió que la reducción progresiva del gasto corriente al 30 % podría generar despidos masivos en los GAD municipales.
Cajilema añadió que, aunque para algunos sectores la contratación de personal representa un gasto, para él constituye una inversión, ya que permite garantizar calidad y eficiencia en los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía.
Informó que presentó un documento al alcalde de Latacunga solicitando que este tema sea planteado en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), al considerar que no se puede permitir su aprobación en la Asamblea Nacional. Además, rechazó una posible intervención a la universidad, señalando que existiría “un grupo de aliados del gobierno que quiere también hacer esa intervención”, recordando que en la Universidad Técnica de Cotopaxi laboran dos de sus familiares directos.
