Ricardo Carrillo Sánchez, abogado especialista en control gubernamental, informó que se reabrirá gradualmente el catastro minero, una herramienta digital que contiene información clave sobre concesiones mineras, como coordenadas, propietarios, y contratos asociados. Cerrado desde enero de 2018, el catastro se reanudará en fases: en junio para la minería no metálica, en septiembre para la metálica, y en diciembre para la minería de gran escala.
Carrillo destacó que la reapertura del catastro facilita la legalización de operaciones mineras, permitiendo un mejor control del impacto ambiental. Sin embargo, advirtió que la emisión de concesiones debe ir acompañada de la obtención de licencias ambientales, un proceso que actualmente demora hasta tres años debido a la burocracia existente en el Ministerio del Ambiente.
El especialista subrayó que el principal desafío del gobierno no radica solo en la reapertura del catastro, sino en agilizar la emisión de licencias ambientales. Sin estas, es imposible iniciar operaciones mineras legales, lo que provoca un desfase entre la concesión de permisos y la ejecución de actividades.
Carrillo señaló que el cierre del catastro en 2018 facilitó el crecimiento de la minería ilegal, causando pérdidas estimadas en 1.300 millones de dólares para el Estado. La falta de control efectivo permitió que estas actividades prosperaran sin regulación ni fiscalización adecuada.
- Implementación de la Tasa de Fiscalización
Otra medida anunciada es la creación de una tasa de fiscalización, un tributo que permitirá a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) fortalecer su capacidad de supervisión. El jurisconsulto señala que con esta acción el Estado espera recaudar 229 millones de dólares mediante esta tasa, contribuyendo a un control más riguroso y eficiente de las operaciones mineras legales.
El régimen artesanal estará exento de esta tasa, la cual se implementará gradualmente para la pequeña, mediana y gran minería, así como para el régimen especial. Las empresas mineras, a través de la Cámara de Minería, han exigido que la fiscalización sea ordenada y profesional, con un enfoque en la responsabilidad social y ambiental.
- Lucha Contra la Minería Ilegal
Destaca que, el gobierno ha promulgado la primera ley Económica Urgente de este nuevo periodo, destinada a erradicar las economías criminales, incluida la minería ilegal. Asegura que, la reapertura del catastro permitirá identificar concesiones activas y ocupantes ilegales, contribuyendo a la expansión de la legalidad en el sector.
Manifiesta que Ecuador tiene una oportunidad histórica para mejorar su gestión minera. La combinación de un catastro minero actualizado, licencias ambientales eficientes y una fiscalización robusta puede transformar el panorama minero del país, promoviendo la legalidad y reduciendo significativamente la minería ilegal.