By Raúl Arias, expresidente de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Latacunga, manifiesta que tras las últimas elecciones, se presentaron novedades significativas, incluyendo la no instalación de la sesión para la elección de la nueva directiva debido a una supuesta vulneración de derechos democráticos. En su lugar, la concejal Martha Jaya habría conducido el proceso, lo cual, advirtió Arias, estaría impedido por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
También cuestionó el proceso de posesión de la nueva presidenta, indicando que no se habrían cumplido los procedimientos legales correspondientes, desconociendo el proceso que se cumplió, ya que la propia presidenta se habría autoconvocado para este acto.
Otra de sus críticas se centró en la rendición de cuentas de la municipalidad de Latacunga, señalando que la convocatoria de la presente semana fue firmada tanto por la presunta presidenta de la Asamblea como por el Alcalde, lo cual considera inapropiado dado que se trata de una asamblea de carácter ciudadano. “Es de ciudadanos, ahí no tienen nada que ver una autoridad electa”, insistió.
Arias citó además artículos de la Constitución que establecen que toda actuación contraria al orden constitucional carece de validez jurídica. En este sentido, calificó las recientes reuniones como actos políticos sin eficacia legal, posiblemente impulsados por intereses de alguna organización política.
El exdirigente afirmó haber solicitado asistencia técnica y jurídica al Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo una renovación legal de los miembros de la Asamblea, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Esto, según Arias, podría derivar en un nuevo pedido de remoción del alcalde de Latacunga, aunque aclaró que no sería la única causa existente en el municipio.
Finalmente, Arias lamentó que la Asamblea de Participación Ciudadana se haya convertido en un espacio politizado que no favorece a la colectividad. Recordó que dicha Asamblea es la máxima instancia del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo objetivo es fortalecer e incidir en las políticas públicas locales y en la gestión cantonal, alejándose de intereses partidistas.
