En la Asamblea Nacional se intentó reactivar el juicio político a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, este intento de tratar de sacar de la titularidad de la Fiscalía General, a su actual representante fracaso–en buena hora-. Ahora el Parlamento busca como enjuiciar a varios Ministros del actual gobierno.
El periodismo en todas sus formas es ejercido y realizado por seres humanos; y por tanto, como toda actividad está sujeto a que se cometan errores; y estos a su vez necesariamente a ser corregidos, mediante procedimientos de verificación, contrastación y contextualización. Lo señalado en razón de que -al mismo tiempo- que con mayoría necesaria de votos se negaba el juicio político a la señora Fiscal General, el periodista Anderson Boscan del periódico digital “La Posta” abandonaba el país junto a su familia, rumbo al Canadá, relanzando acusaciones contra la doctora Salazar. Cuando esta noble y necesaria profesión de informar e investigar se efectúa dentro de los cánones constitucionales y legales, se convierte en un arma positiva para el buen vivir, pues se desnuda la corrupción, se hace conocer a la ciudadanía y a quienes están en el “poder” en donde se está produciendo esta metástasis social que corroe a las sociedades.
La Fiscalía General del Estado a partir de la vigencia de la actual Constitución de la Republica, como órgano autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, administrativa y financiera y sujeción a los preceptos constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, le corresponde dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal. Como podemos observar la Fiscalía General y su titular ha pasado a ocupar un lugar primordial en un país destruido por el cáncer de la corrupción a todo nivel, mucho más en el nivel del poder político, donde quienes acceden a él, ya sea por elección o designación, aspiran a asegurase el futuro a como dé lugar, buscando servirse del cargo público. Entonces quienes han hecho del servicio público herramienta para enriquecerse, no soportan que frente a la Fiscalía General se encuentre una joven mujer que aun a riesgo permanente de su vida investigue de oficio o bajo denuncia los hechos de corrupción y de delincuencia organizada que se han constituido en el pan de cada día en nuestro país.
Desde el día en que se conoció los resultados del concurso para designar al titular de la Fiscalía General del Estado, y se hizo público que la designación recaía en la persona de Diana Salazar Méndez, se inició una campaña para desprestigiarla, comenzando por menospreciar su puntuación y luego en el ejercicio de su cargo dentro del periodo que lo está ejerciendo, no ha dejado de estar en las primeras planas de la prensa escrita, radio y televisión, no se diga en las llamadas redes sociales; es y ha sido el tema de conversación y debate; indudablemente con una aceptación mayoritaria de los ecuatorianos que la aceptan y justifican su gran labor aun a costa de su seguridad personal y familiar.
En la actualidad los avances de la tecnología ofrecen nuevos formas de informar a la ciudadanía, herramientas que permiten difundir todo tipo de información pública, obviamente que la diferencia está en la forma, el estilo del comunicador y en determinado momento del medio o empresa periodística o de comunicación. La Constitución de la Republica y una Ley Orgánica que rige esta especial actividad garantizan la libre expresión y la libertad de informar, y más allá de estar o no de acuerdo con lo que se diga o haga, especialmente en los medios digitales. Opino que si existe un marco constitucional y legal que tutela esta materia para los excesos y/u omisiones, ese debe ser el camino por el cual debemos transitar los ecuatorianos de bien. Lo que vive actualmente el Ecuador inseguridad, crisis económica, crisis energética, corrupción convertida en metástasis, para enfrentarlos requieren de medios de comunicación y de periodistas que informen y fiscalicen con compromiso con la comunidad y lo hagan sin mirar a quien; peor aún, pasándose al lado o a ser parte del crimen organizado.
Tratemos de resaltar lo verdadero, convirtamos a la información y a los hechos de quienes hacen noticia en verdaderos símbolos de una nueva sociedad en la que el temor y la violencia no nos paralice, no permitamos –a su vez- que grupos interesados se beneficien utilizando este miedo y la violencia a su favor. No consintamos que los prófugos desde afuera, se encuentren disfrutando de los millones que desfalcaron; y a su vez, sigan desprestigiando internacionalmente al país. Los hechos dicen más que las palabras.