By Johana Tello, quien afirma haber sido elegida en tres ocasiones como presidenta del barrio Las Fuentes, señaló que el alcalde Fabricio Tinajero les pidió legalizar la directiva para gestionar la administración del coliseo. Según explicó, el espacio fue construido con recursos de la Prefectura y entregado al barrio, por lo que cuestiona que su manejo permanezca en manos de una organización que, a su criterio, no representa a los moradores. “El Coliseo es de la ciudadela Las Fuentes, de los niños y de los moradores de este barrio”, manifestó.
Tello también expresó su preocupación por las condiciones de acceso al escenario y aseguró que, en determinadas ocasiones, se habría limitado el tiempo de uso solicitado por los vecinos. Además, cuestionó la falta de información sobre los ingresos que generaría el alquiler de las instalaciones y el destino de esos recursos, la dirigente anunció que convocarán a una nueva asamblea para legalizar la directiva y solicitar formalmente la administración, con el objetivo de priorizar las actividades deportivas y recreativas de la comunidad.
A este pedido se sumó Christian Ruiz, representante del Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa Jaime Andrade Fabara, quien señaló que alrededor de 800 estudiantes podrían beneficiarse de un acceso adecuado al coliseo. Ruiz sostuvo que el escenario debería estar al servicio de los niños y de la institución educativa, y solicitó que no se renueve el convenio con el club NPI. “Necesitamos urgentemente que los niños sean atendidos”, enfatizó, al asegurar que los pedidos de uso del espacio habrían sido negados en algunas ocasiones.
En respuesta a los cuestionamientos, Ángel Guerrero, director de las escuelas deportivas del club NPI, afirmó que la organización recibió el coliseo hace aproximadamente 12 años, cuando se encontraba en malas condiciones, y que desde entonces ha invertido en su recuperación y mantenimiento. Según relató, las instalaciones volvieron a deteriorarse durante la emergencia por la posible erupción del volcán Cotopaxi y posteriormente durante la pandemia, por lo que el club habría tenido que ejecutar nuevas intervenciones. “Nosotros como club asumimos esa responsabilidad, cogimos esa responsabilidad y nos lanzamos a esta aventura de recuperar ese Coliseo”, indicó.
Guerrero explicó que el club recibió inicialmente un convenio de administración por cinco años durante la alcaldía de Byron Cárdenas y que, según su versión, las condiciones establecidas permitieron extenderlo a un total de diez años. Añadió que NPI tiene una trayectoria de 35 años y que sus actividades deportivas han beneficiado a niños, jóvenes y adultos mayores siempre beneficiando al sector.
Frente a las dudas sobre el manejo económico, aseguró que los valores recaudados por el uso de las instalaciones se destinan al mantenimiento, incluidos servicios básicos, limpieza, iluminación y reparaciones.
El director de las escuelas deportivas también rechazó las afirmaciones de que se impide el acceso a los estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Andrade Fabara. “Eso es totalmente falso”, respondió, al señalar que los docentes pueden solicitar las llaves y utilizar el coliseo, con la condición de dejar limpias las instalaciones después de las actividades. Añadió que otros grupos y organizaciones también utilizan el espacio para prácticas deportivas y actividades recreativas, y expresó su disposición a conversar con los representantes barriales y los padres de familia para aclarar las diferencias.
La controversia se centra ahora en el futuro de la administración del Coliseo Fausto Gordillo y en las condiciones de su convenio de uso. Mientras la dirigencia barrial y los padres de familia piden gestionar el escenario, el club NPI sostiene que su trabajo ha permitido conservarlo operativo.
La comunidad espera una definición que garantice el acceso al espacio deportivo y transparente las responsabilidades sobre su mantenimiento y administración.
