By Acogiendo los elementos de convicción recopilados por Fiscalía en la fase investigativa, la Jueza de Garantías Penales que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio contra Daniel Francisco A. C. por su presunta participación en el delito de pornografía infantil con utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA).
La investigación se inició en 2025, tras una alerta internacional remitida por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing Exploting Children, NCMEC, por sus siglas en inglés). El caso se fortaleció con información obtenida mediante labores especializadas.
Según el informe, Daniel Francisco A. C. habría descargado, almacenado, transmitido y compartido material de abuso sexual infantil (MASI), mediante Google Drive.
Como parte de las diligencias investigativas, que incluyeron análisis tecnológicos para rastrear la dirección IP y el domicilio asociado, así como vigilancias y seguimientos, el 25 de febrero de 2026 se ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la parroquia Guaytacama, en Latacunga.
En el inmueble fue encontrado Daniel Francisco A. C., junto con una computadora en la que se identificaron los correos electrónicos reportados en la alerta internacional, desde los cuales presuntamente se habría almacenado y compartido el material investigado. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, dos memorias USB, un pendrive, y dos CPU.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Fiscal a cargo del caso presentó los elementos de convicción que demostrarían la presunta participación del procesado en el delito que se investiga.
Entre estos constan la pericia informática practicada a los reportes de la alerta NCMEC, el reporte de vigilancias y seguimientos, los reportes del proveedor de servicio de internet (ISP) y el acta de indicios levantados durante el allanamiento, entre otros.
La Magistrada acogió el pedido fiscal y dictó auto de llamamiento a juicio contra el procesado. Además, ratificó la prisión preventiva que pesa sobre él y la prohibición de enajenar sus bienes.
