En Pastocalle Cotopaxi, este lunes 14 de abril, inició a escala nacional, la Ruta de los Derechos, proyecto social de la Defensoría Pública, cuyo propósito es ofrecer en territorio a la ciudadania, los servicios legales gratuitos de: asesorías, patrocinios y mediaciones, en los campos, Penal, Civil, Laboral; protección de víctimas, niñez y adolescencia, movilidad humana, adolescentes en conflicto con la ley, Inquilinato, beneficios penitenciarios y garantías constitucionales.
La Ruta de los Derechos, se ejecutará a través de un cronograma en el que se establecen jornadas de trabajo en las 24 provincias del país. Los Defensores Públicos, recorrerán todos los cantones y parroquias, donde la justicia no ha llegado.
En este proyecto se involucra a otras instituciones públicas como Municipios, Consejos Provinciales, Ministerios, etc. EI Defensor Público General Dr. Ricardo Morales, sostiene que la Ruta de los Derechos es un aporte de la Defensoría Pública al mejoramiento de la calidad de la Administración de Justicia en el Ecuador.
En la Ruta de los Derechos, los Defensores Públicos asesoran, en territorio, al ciudadano sobre su situación judicial. En el caso de que una persona necesite patrocinio legal gratuito, será referida a un punto de atención de la Defensoría Pública más cercano a su lugar de residencia, en donde se le facilitará acompañamiento y defensa técnica, especializada, en todas las etapas del proceso.
La Ruta de los Derechos es un programa dirigido al fortalecimiento institucional de la Defensoría Pública, su objetivo es acercar sus servicios legales gratuitos a la ciudadanía. Durante el mes de abril, estará en Cotopaxi: Pastocalle, Pujulí y Salcedo. En Pichincha: San Antonio de Pichincha y Perucho. En Tungurahua: Ambato, Píllaro, Cevallos y Patate y en Bolivar: Guaranda, Salinas, Chillanes y San Miguel.
Los servicios de la Defensoría Pública son gratuitos, son parte de la misión que tiene la Defensoría Pública: “Estar junto a los sectores vulnerables de la sociedad y alas personas que no tienen la posibilidad de contratar un abogado particular, para que los patrocine en un sus causas judiciales”.