By A través de las redes sociales el Presidente de la República, hizo público las siete preguntas de la consulta popular al pueblo ecuatoriano en diciembre de 2025, documento que no ha sido enviado hasta la Corte Constitucional para análisis y su visto bueno a las preguntas.
Las preguntas a ser consultadas al pueblo ecuatoriano en las urnas son: eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras; eliminar la obligación de entregar recursos las organizaciones políticas; eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; reducir el número de asambleístas; permitir la contratación laboral por horas dentro del sector turístico; que los Jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político y permitir el funcionamiento de salas de juego de azar en hoteles catalogados cinco estrellas, sigue generando diferentes opiniones en los diferentes sectores y al interior de la Asamblea Nacional en los diferentes bloques políticos.
Alex Toapanta, asambleísta de Cotopaxi por el Movimiento Pachakutik, calificó la realización de la Consulta por parte del Gobierno como inoficiosa, además que temas consultados al pueblo en consultas anteriores hasta el momento no han podido efectivizadas.
Resaltó que en los actuales momentos el país no está en condiciones de gastar aproximadamente 100 millones de dólares en una nueva consulta popular cuando el déficit fiscal del país es alto, y sectores como la salud, educación, vialidad están atravesando una crisis por la falta de dinero,, frente a ello no es dable derrochar varios millones de dólares dijo el Asambleísta.
De las siete preguntas planteadas por el Gobierno, la que genera preocupación es el control político a los Jueces de la Corte Constitucional, único ente que actualmente no ha podido ser tocado, intimidado o amedrentado por los gobiernos de turno del país, este, ente Constitucional ha sido el único que ha podido dar los fallos a favor o en contra de la Constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las diferentes normas, la intención del actual gobierno a través de esta pregunta es tomarse la Corte Constitucional, apuntó Toapanta.
Respecto a la pregunta de la reducción del número de legisladores, señaló que a través de esta medida buscan quitar la representación de las provincias, especialmente de aquellas provincias grandes como Guayas, Pichincha, Manabí entre otras, las provincias pequeñas no tendrían problema de tener uno o dos asambleístas.
