El pasado jueves 5 de febrero, mediante un trámite administrativo, el Ministerio de Ambiente y Energía otorgó la licencia ambiental y aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero La Plata, correspondiente a las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, en las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, en Sigchos, Cotopaxi.
Según el Frente Nacional Antiminero, esta decisión se tomó en contra de la voluntad expresada por las familias que habitan y defienden este territorio.
Con esta resolución, la transnacional minera de origen canadiense recibe luz verde para iniciar actividades de megaminería, lo que “implica la destrucción masiva de un territorio del que dependen miles de familias campesinas dedicadas a la ganadería, el turismo comunitario y la agricultura, especialmente a la producción de panela orgánica, la principal fuente de sustento de cientos de hogares”, acotó el Frente Antiminero.
Además, sostienen que, el proyecto amenaza de forma directa fuentes de agua, bosques tropicales y ecosistemas frágiles que albergan una enorme biodiversidad. En la zona se han registrado especies de flora y fauna que constarían en la lista roja de la UICN que según el Frente Antiminero, el propio Ministerio “debería proteger, como el tigrillo, el olingo, el oso perezoso, diversas especies de ranas e insectos, y más de 200 especies de aves, entre ellas colibríes, tucanes, carpinteros y muchas otras”.
Por otra parte, hay quienes consideran que la minería responsable es considerada posible mediante la aplicación de tecnologías limpias, normativas ambientales estrictas y diálogo con las comunidades para minimizar el impacto ambiental, proteger fuentes de agua y generar valor social compartido. Aunque conlleva riesgos, la minería moderna busca la sostenibilidad a largo plazo, el uso de métodos no contaminantes (sin mercurio) y el cumplimiento de estándares ambientales.
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