By La organización Fundamedios que es la encargada de promover y defender la libertad de expresión, la prensa libre, el periodismo independiente y el derecho a la información en Ecuador, levantó una alerta en contra del alcalde subrogante de Pujilí Raúl Arroyo, por amenazas judiciales a periodistas.
Las declaraciones del burgomaestre se dieron el 6 de febrero de 2026, durante una rueda de prensa, en el Municipio. Según Arroyo, existiría un grupo que intenta “boicotear la administración” y arremetió contra periodistas que han publicado información incómodos para su mandato. En ese contexto, calificó su trabajo con expresiones despectivas como “el bufón de la fiesta”, y sostuvo que se dirigiría únicamente a “medios serios”, según recoge la alerta de Fundamedios.
Asimismo, manifestó que se encuentra en la “obligación” de iniciar procesos jurídicos contra medios y periodistas: “No estoy amenazando, yo no amenazo, yo cumplo”. También indicó que se habrían solicitado “actos urgentes” para recopilar publicaciones antes de que sean eliminadas, en referencia a contenidos que calificó como “información falsa”. Fundamedios verificó si se ha interpuesto alguna acción legal en el sistema del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía sin encontrar resultados hasta el cierre de la nota.
Periodistas locales informaron a Fundamedios que existe tensión institucional entre concejales, funcionarios municipales y la actual administración. Además, expresaron su preocupación y temor frente “a la amenaza explícita de judicialización y el uso potencial de figuras penales como mecanismo de presión frente a la cobertura informativa. Señalan que el discurso intimidatorio se habría extendido desde el ámbito político hacia el ejercicio periodístico”.
Fundamedios recordó que los estándares interamericanos de libertad de expresión establecen que las autoridades deben abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen a la prensa o que puedan incentivar represalias. Asimismo, el uso del sistema judicial como mecanismo de presión frente a la crítica pública puede configurar una forma de censura indirecta.
