By Con base en más de 250 elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otras 16 personas fueron llamadas a juicio por su presunta participación en el delito de peculado.
La decisión fue anunciada por la Jueza de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada la mañana del sábado 20 de junio.
Además, la Magistrada ratificó las medidas cautelares de carácter personal dictadas previamente contra los 17 procesados, así como la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias, con el fin de garantizar una eventual reparación integral al Estado.
Durante la audiencia, el Fiscal Provincial de Cotopaxi presentó el dictamen acusatorio en contra de los 17 procesados (trece como autores y cuatro en calidad de cómplices), sustentado en los elementos de convicción recabados durante toda la investigación. Entre ellos constan movimientos bancarios de los procesados, certificados del SRI, versiones de funcionarios del Municipio de Pujilí, documentación de los 4 contratos investigados, informes ejecutivos de la UAFE, una pericia de contratación pública y certificaciones del Sercop, entre otros.
Según Fiscalía, José Arroyo y otros 16 funcionarios del GAD Municipal de Pujilí, habrían integrado una estructura que adjudicó y justificó irregularmente contratos de obras públicas financiadas con recursos municipales, en beneficio propio o de terceros.
Los hechos investigados estarían relacionados con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando José Arroyo asumió la Alcaldía.
Fiscalía identificó indicios de presuntas irregularidades en obras como la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujilí, esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y de otras plantas.
De acuerdo con la investigación fiscal, las obras habrían iniciado antes de la adjudicación de los contratos, utilizando materiales y personal del propio GAD Municipal. Posteriormente, ya en funciones, el alcalde José Arroyo, habría concedido esas obras mediante procesos de contratación pública y gestionados contratos para la compra de las palmeras y plantas.
Estos hechos evidenciarían un intento de justificar, con fondos municipales, gastos efectuados previamente.
Este caso se procesa con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Por otra parte, la madre del alcalde, Eugenia Cabrera, participa como candidata para la alcaldía de Pujilí. Incluso su hijo, pidió el voto ciudadano a través de un audio, enviado desde La Roca, prisión de Guayaquil, donde se encuentra recluido.
