By La apacible ciudad de León, se ha convertido en el campo de batalla virtual de los actores políticos locales, so pretexto de defender su territorio, amenazado por un huracán levantado por la formulación de una denuncia ciudadana de remoción del Alcalde Cristian Tinajero. La agresividad que demuestran los francotiradores, se compara a la violencia que todo el país repudia en la guerra declarada que vivimos. Esta reprochable actitud, hace mucho daño a la endeble democracia y deteriora el espíritu de unidad que debemos construir en Latacunga.
La participación ciudadana es el quinto poder del Estado, a partir de la Constitución de Montecristi en 2008, que en su primer artículo reza: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.” El artículo 95 dispone: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos…”
Complementariamente, la Ley de Participación Ciudadana, el COOTAD y finalmente, la ordenanza de participación ciudadana dictada por el GAD Municipal de Latacunga en 2012, hacen operativas estas normas. Debe aclararse que ninguna norma inferior puede oponerse ni modificar una jerárquicamente superior. En caso de así ocurrir, prevalece la superior. Por tanto, se encuentran en plena vigencia, hasta que no sean derogadas o modificadas.
El COOTAD establece la remoción como una forma de participación ciudadana y dedica el capítulo V para determinar las 8 causales de remoción para el ejecutivo municipal y el proceso a seguir. El art. 336 establece: “Cualquier persona que considere que existe causal de remoción de cualquier autoridad de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados, presentará por escrito la denuncia con su firma de responsabilidad reconocida ante autoridad competente, ante la secretaría del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo, acompañando los documentos de respaldo pertinentes…”
La triste realidad es que, tanto autoridades como ciudadanía, han ignorado esta novedosa estructura de democracia participativa, a pesar de haber transcurrido tantos años de vigencia. Las autoridades de elección popular, se sienten más cómodas gobernando a su criterio, sin recurrir a sus mandantes para decidir sobre las prioridades de inversión y la planificación. Hasta que un ciudadano, en uso legítimo de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes referidas, presenta la denuncia, que obliga al Concejo Municipal a dar el trámite establecido en la ley, para resolver por votación, si amerita la remoción, con al menos dos terceras partes de los concejales actuantes.
A pesar de lo incómodo para las partes involucradas, la denuncia debe seguir el debido proceso que incluye el derecho a la defensa. Es, por decir lo menos, una falta de respeto a la ciudadanía, llevar el conflicto a las redes sociales y hasta las calles, para tratar de imponer sus verdades con garrote y piedra, virtual y físicamente, como lo hacían los aborígenes en la era de piedra.
Demandamos un ALTO AL FUEGO de todas las partes involucradas, por respeto a toda la población, que observa estupefacta la capacidad de agresión de los otrora políticos sonrientes que les pidieron el voto para cambiar nuestra Patria chica. Los líderes de las partes involucradas, deben ordenar replegarse a sus fieles seguidores y abrir la mente y el espíritu para darnos una salida política, que permita emerger fortalecidos en las tres funciones de este GAD: Ejecutivo, Legislativo y Participación Ciudadana y Control Social. Está a prueba su capacidad de cumplir las promesas hechas a los votantes.
¡DIALOGUEN CON TRANSPARENCIA!
R.V
