By Días atrás, habíamos analizado el origen y las intenciones del modelo político administrativo que rige en el Ecuador, a partir de la Constitución de Montecristi. Parte fundamental de ella, es el Quinto Poder, denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta herencia del mal llamado Socialismo del Siglo XXI, está concebida para designar, a través de concursos que buscan los supuestos mejores prospectos para autoridades de control, en más de 30 instituciones de ámbito nacional.
Con apenas 5 miembros, teóricamente elegidos de entre candidatos que no tienen relación alguna con partidos ni movimientos políticos, ni sean promovidos por organizaciones políticas formales, conforman un cuerpo colegiado que supuestamente responde a los intereses ciudadanos. Con apenas 3 votos, hacen mayoría para decidir. Recordemos que los ciudadanos ostentan el puesto de mayor rango en esta democracia, con facultades para participar protagónicamente en la toma de decisiones y rendición de cuentas, en los cuatro niveles de gobierno.
Los mismos politiqueros que actúan desde la obscuridad, siendo responsables de la metedura de mano en la Carta Magna y por ende del Quinto Poder y las prohibiciones de que sus candidatos sean auspiciados, promovidos ni vinculados con los “sujetos políticos”, lanzaron una lista de candidatos, bajo el sugestivo nombre de “liga azul”, evidenciando desvergonzadamente su relación con la campaña presidencial de la RC5.
Promovieron a sus compañeritos, abiertamente, en la seguridad de que los funcionarios públicos enquistados en la esfera gubernamental, comprometidos hasta la médula con su “proyecto político” les cuidarían las espaldas y no permitirían que les toquen, por este motivo. Se jactaron de vestirles, hasta los escarpines, con los atuendos que claramente les identifiquen como “liga de infiltrados SS XXI” para coptar el CPCCS y desde allí colocar a sus más fieles kamaradas en posiciones de control, para dormir tranquilos, sabiendo que nunca les van a tocar, sin importar lo que hubieran hecho.
Todo marchaba como estaba previsto, hasta que un ciudadano, en uso legítimo de sus derechos, interpuso una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, para que se juzgue y sancione, de ser el caso, la grave falta de haber sido promovidos por un partido político y sus más prominentes caudillos, como lo prueban con elementos audio visuales, difundidos en medios de comunicación masiva y redes sociales, desafiando a la ley. No han demostrado vergüenza alguna, sino prepotencia.
La falta es doble, pues, siendo los mismos actores responsables de haber introducido esta novelería, con protervos fines de configurar un entorno que cuide sus espaldas ante cualquier infracción o delito que cometieran, y de las prohibiciones para los candidatos, lo hicieron ante la faz pública, sin siquiera sonrojarse, como desafiando con su prepotencia a la sociedad que es, en última instancia, quien pone las reglas jurídicas de convivencia, para cumplimiento universal. Lo han hecho en la seguridad de que nadie se atrevería a señalarles con el dedo y peor a sancionarles hasta con destitución y quitarles sus derechos civiles. Esto es suficiente para descalificar a los elegidos con auspicio de quienes desgobernaron por una década.
El juez Contencioso Electoral ha actuado muy bien, sin amilanarse, a pesar de la peligrosa calidad de enemigos que son los auspiciantes de los destituidos. Se ha sentado precedente y se ha fortalecido la institucionalidad. Esperamos que el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ratifique con mano firme lo actuado y los infractores se vayan a su casa a lamer las heridas auto infringidas. Es hora de hacer realidad la consabida amenaza de sancionar” con todo el rigor de la ley” a los infractores que quieren imponer sus protervos intereses a las reglas democráticas de convivencia.
¡MANO DURA CON ELLOS!
