Políticos aventureros, auto candidatos y gerentes propietarios de movimientos políticos, han cuestionado fuertemente la propuesta de enmienda constitucional planteada por el presidente de la república Daniel Noboa, relativa a eliminar los aportes económicos para financiar las campañas electorales, que provienen del presupuesto general del estado, es decir, plata de los ciudadanos. Les aterra que les quiten recursos, pues, al no tener adeptos y simpatizantes que los financien, corren el riesgo de no cumplir el “proyecto” que no es otro que melar de recursos públicos.
Los artículos 110 y 115 de la constitución del 2008 serían objeto de modificación. El primero dice: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control”. El segundo expresa: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral para la difusión de las propuestas de todos los candidatos en los medios de comunicación”.
El primer cuestionamiento es que no es oportuno porque estamos al inicio de un proceso electoral. Habría que preguntar: ¿cuándo es oportuno para ellos? ¿Se les debe consultar cuándo presentar? Por otro lado, se califica la propuesta como política, más aún si proviene del denominado presidente-candidato. Claro que es una cuestión política, sea que se presente hoy o se presente en cualquier mes del año. Es obvio que cualquier propuesta debe analizarse la variable oportunidad. Muchos presidentes perdieron sus propuestas, precisamente por no haber analizado esta cuestión, elemental por decir lo menos.
¿Que ha ganado la democracia al haber otorgado dinero del Estado para las campañas? Creería qué todo lo contrario: facilitó la multiplicación de los movimientos políticos de ocasión y el aparecimiento de vivarachos que se han aprovechado de este sistema, creando estructuras que más bien han contribuido a eliminar los poquísimos partidos que existían. Esto, acompañado del mote de “partidocracia” que repetía Correa para deslegitimar a toda organización más o menos seria que existía en el país y convertirlos en algo pernicioso.
Creo que el presidente se ha quedado corto, ya que podía haber incluido un tema de igual valor para mejorar la institucionalidad del país: elección de los asambleístas en la segunda vuelta electoral. Igual para los alcaldes que no reúnan un porcentaje del 51% de aceptación. La elección de los diputados en segunda vuelta se produjo con ocasión de la elección del presidente de la república en 1978-1979. Ahí tuvimos personalidades de primera línea, entre otros: Raúl Clemente Huerta Rendón, Rodrigo Borja Cevallos, Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena Gomez, León Febres-Cordero Rivadeneyra, Asaad Bucarán Elmhalin, Jaime Hurtado Gonzalez, René Mauge Mosquera.
Definitivamente el país requiere una reforma política de fondo que reivindique los postulados republicanos. La actual deja mucho que desear y ha sido la causa para no arribar a acuerdos de fondo, de alcance nacional. Esto solo se podrá conseguir si logramos echar abajo la constitución del 2008, instrumento que estableció una camisa de fuerza para que la economía no prospere, que la inversión no venga, que sometamos a la gente a recibir solamente dádivas, sin asumir de vuelta ningun compromiso en contraprestación. Ese país no queremos: aspiramos libertad de emprendimiento, con libertades públicas plenas, con un régimen de partidos políticos serios y con dirigentes que sepan mirar al Ecuador con sentido de responsabilidad y amor patrio.