By La Constitución de Montecristi de Octubre de 2008 y luego el vigente Código de la Democracia han permitido que en nuestro pequeño territorio -donde ya somos 18 millones de ecuatorianos- proliferen centenares de movimientos y agrupaciones políticas, así como una veintena de partidos políticos, porque el marco constitucional y legal así lo permite.
De esta manera encontramos que para el proceso electoral de febrero del 2025, se han presentado e inscrito en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral 17 binomios; mientras el país se debate en una rampante pobreza, que en algunos rincones de la patria pasa a ser miseria; dentro de una guerra interna declarada por el propio Estado, promocionada por bandas delincuenciales afincadas en varias regiones del país, son grupos de terroristas, asaltantes, extorsionadores, narcotraficantes, a los que se suman políticos asociados al crimen organizado, produciéndose en el país una crisis de inseguridad que nunca nos imaginamos; todo esto forma parte de un ambiente viciado por la falta de seguridad jurídica, con una función judicial infectada de corrupción y un Parlamento que funciona al vaivén de intereses eminentemente politiqueros conformado por grupos plenamente identificados; con cuarta y quinta Funciones que nacieron con la vigencia de la Constitución de Montecristi, que resultaron el peor fracaso para nuestra endeble democracia y que los ecuatorianos pedimos desde hace rato su eliminación.
Lamentablemente se ha desarrollado la inseguridad en el territorio nacional, pese a los grandes y reconocidos esfuerzos que hace el Presidente de la República al disponer que la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional -en coordinación-, trabajen las 24 horas de cada día, a fin de lograr que los ecuatorianos podamos realizar todas nuestras actividades en paz, con seguridad y armonía. El gobierno Nacional ha logrado detectar en varias provincias y ciudades la presencia de terroristas, organizados en bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico y estas a su vez a grupos políticos plenamente identificado por la Fiscalía General del Estados, como resultado de las severas investigaciones que viene realizando sobre estos hechos.
En medio de esta crisis de inseguridad presente en el país, estamos cercanos a la realización de un proceso electoral que nos convoca a elegir Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la República, Asambleístas Nacionales y Provinciales, así como legisladores Andinos. Dentro de este ambiente tenso de incertidumbre, el aumento de indicadores económicos y sociales que hacen mella en nuestra colectividad, aparece esta proliferación de movimientos y partidos políticos que aspiran a lograr el voto y la confianza de los ecuatorianos -buscando el poder-. Observamos con preocupación una dispersión de “propuestas” de los precandidatos, estas no solo que confunde al electorado, sino que hacen que una gran mayoría de ecuatorianos no sepan qué hacer con su voto, esto en razón de que la demagogia de los actores políticos y sus ofrecimientos son similares en cada una de las 17 candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y mucho más de quienes aspiran llegar a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. No hay ideología ni principios que acompañen a sus propuestas, existe únicamente el afán de llegar al poder como sea.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), no ha sido sujeto de cambio en cuanto a sus integrantes, incumpliendo con la ley; sus actuaciones han dejado mucho que desear, no goza de la confianza de los ecuatorianos, su integración debía haberse renovado hace mucho tiempo, ha venido funcionando bajo la figura de -periodo prorrogado- y en estas circunstancias y condiciones no deberían estar al frente de un proceso electoral de suma importancia para el porvenir del país, deberían ser juzgados no solo políticamente, sino penalmente.
El Ecuador requiere retomar su normalidad como país y como población, para ello demanda cambios en factores fundamentales de convivencia social, tales como: la seguridad, economía, empleo, mejorar su infraestructura vial, marítima, fluvial, de telecomunicaciones, las modernas que tienen que ver los sistemas informáticos y la cibernética. Los ecuatorianos todos y los electores en particular, demandamos de los candidatos planteamientos serios de políticas fiscales eficientes, la promoción de inversiones, fórmulas para atraer la inversión extranjera, planificación estratégica que nos permita ser eficientes en el gasto público y en la reducción del déficit fiscal, la búsqueda de un desarrollo equitativo en todas las regiones de la patria, deben comprometerse en cumplir y hacer cumplir la Constitución en relación a la seguridad social, no solo en buscar procedimientos serios e idóneos para pagar la deuda externa, sino también la interna con la principal institución de protección social de los ecuatorianos el IESS. Quienes buscan el poder mediante el voto popular, deben hablarle claro a los ecuatorianos, basta de demagogia y engaño en febrero del 2025 en nuestra cita con el destino del país.
