Durante el debate, el concejal Xavier Cajilema señaló que uno de los puntos que debe analizarse con detenimiento son las cuentas pendientes por cobrar. “nosotros planteamos 27,1 millones de dólares y se ha recaudado 9 millones en cuentas por cobrar, es decir, 18 millones de lo que estaba proyectado no hay esa posibilidad y 18 millones si pesa en el tema del codificado y lo proyectado”, destacó.
Cajilema también solicitó que se aclare la ejecución de obras, recordando que desde noviembre pidió a los directores de Agua Potable y Obras Públicas un cuadro detallado que especifique anticipos, proyectos plurianuales y estado de ejecución, con el fin de comparar la planificación presupuestaria frente a los resultados reales.
Por su parte, el concejal Ángel Plazarte expresó su preocupación por el 9% de ejecución presupuestaria en el área de Agua Potable. “No se ha dado seguimiento a los presupuestos participativos, las parroquias rurales han pedido que se hagan estudios de agua potable, que se hagan estudios de alcantarillado, han pedido material”, añadió, señalando además que existen procesos iniciados en 2022 que aún no se concretan.
En ese contexto, Plazarte manifestó: “Señor Alcalde, usted está a tiempo de tomar las medidas correspondientes para definir un nuevo rumbo, para lo que sería ejecutar lo que queda del presupuesto 2026, más los presupuestos participativos que vienen en arrastres desde el 2022”.
El concejal Santiago Valenzuela indicó que en parroquias como Toacaso, Mulaló, Pastocalle y Tanicuchí se arrastran proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad urbana entre otros. “Es la responsabilidad de nosotros como concejales realizar estas observaciones, porque la obra pública se tiene que ejecutar en cada uno de las diferentes parroquias urbanas y rurales de nuestro cantón”, apuntó.
Asimismo, el concejal Cristian Molina detalló varios proyectos planificados en parroquias urbanas y rurales que no se ejecutaron durante 2025, subrayando que existen direcciones municipales con bajos porcentajes de ejecución, lo que, según afirmó, afecta directamente al desarrollo del cantón.
Molina también mencionó que, de acuerdo con el informe de la Dirección Financiera, existiría un superávit de 7 millones de dólares en el presupuesto recaudado por el Municipio, lo que a su criterio significa que “hubo dinero pero no se ejecutó”.
En respuesta, el alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, explicó que el déficit o superávit se determina por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. “Con esto yo dejo claro a la opinión pública que acá no se han inventado desde la Dirección Financiera, tablas o cuadros o se sacan segundos o terceros porcentajes, no es así”, añadió.
Precisó que aunque la planificación inicial para el 2025 fue de aproximadamente 66 millones de dólares, lo recaudado alcanzó cerca de 39 millones y los gastos devengados fueron 35 millones. “Respecto de esos dos criterios, tenemos una ejecución presupuestaria que supera el 90% y nos da un superávit en la liquidación”, asegurando que, “Nosotros hemos actuado siempre con criterios de eficiencia, de eficacia, bajo ningún concepto, los recursos públicos han sido derrochados o los recursos públicos han sido desviados en nuestra administración; no habrán acusaciones de peculado, de sobreprecios, de despilfarros, sino simplemente de trabajo”.
Tras el debate, el Concejo aprobó la moción para que la liquidación presupuestaria 2025 pase a observación con ocho votos a favor y dos en contra.
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