By En un resumen de estos días sobre el caso ‘Ornato Municipal’ en Pujilí, que es noticia a nivel nacional tomamos varias fuentes para informar a la ciudadanía sobre su realidad desde su detención en su domicilio en Pujilí; junto a varios servidores públicos municipales, contratistas y más.
De una parte, se conoció que a puerta cerrada el Concejo Municipal del cantón Pujilí mediante sesión extraordinaria decidirá la aprobación o no, de las vacaciones del procesado José Arroyo, alcalde del cantón. Simpatizantes de Arroyo se dieron cita para mostrar su apoyo y exhortar la posesión de Delfina Chusín como alcaldesa subrogante y designar un vicealcalde, para que las obras y proyectos continúen, paralelo al proceso judicial.
La sesión extraordinaria para aprobar o no las vacaciones del alcalde de Pujilí, hoy procesado José Arroyo, no se instaló debido a la ausencia de cinco concejales, cuatro de ellos serían los ediles de oposición. Delfina Chusín, alcaldesa subrogante de Pujilí, mencionó que seguirán trabajando para bien del cantón, enmarcados en los objetivos planteados por José Arroyo.
Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, afirmó haber hablado con José Arroyo, alcalde procesado del cantón Pujilí. Así mismo, Tibán mencionó que su pronunciamiento no tiene el afán de interceder en la justifica, más bien exhortar a los pujilenses a retomar sus actividades sin confrontaciones, por el bien del cantón.
Organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT+ en Ecuador manifestaron su preocupación por un presunto uso oportunista de la normativa sobre cambio de género en el Registro Civil, tras la detención de José Arroyo, alcalde del cantón Pujilí, el 7 de agosto de 2025.
El funcionario fue arrestado por presunto peculado en el caso Ornato Municipal y trasladado al Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria ‘Casa de Confianza’, debido a que en su cédula consta como mujer y ratificó su deseo de ser tratado según ese género.
Según colectivos como la Asociación Silueta X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+, Arroyo habría realizado el cambio de género en 2024, cuando ya existían investigaciones en su contra, sin evidencias de transición o autoidentificación previa como persona trans, y manteniendo su nombre masculino.
Las policías que custodian el ingreso a la “Casa de Confianza” indicaron que no podían informar en qué condiciones se encuentra, si en celda individual o compartida. ‘Eso (hay que consultarlo) con las autoridades penitenciarias’, dijo a Diario EXTRA una de las uniformadas.
La polémica inició el 7 de agosto, cuando el funcionario, acusado de peculado por obras en Pujilí, pidió ser tratado como mujer al momento de su detención. Su género consta como femenino en la cédula desde octubre de 2024.
El reporte, emitido tras un operativo de seguridad, advierte que no hay separación técnica de internas. ‘Los dormitorios, como el dormitorio C, que tiene veinte internas, no contemplan el espacio ocupado por sus hijos, y no se aplican criterios técnicos para clasificar ni separar a las internas de acuerdo con sus sentencias o condiciones de vulnerabilidad’, señala el documento.
La atención médica también es limitada: no hay personal permanente y se ha incrementado la incidencia de enfermedades respiratorias entre mujeres y niños. En la entrada, un aviso alerta que por el aumento de casos de tosferina es obligatorio el uso de mascarilla.
El caso de José Arroyo evidencia la ausencia de lineamientos claros para decidir la ubicación penitenciaria de personas trans o con cambio de género legal, especialmente en centros que ya operan al límite de su capacidad.
La Casa de Confianza fue creada para atender a mujeres privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Diario EXTRA solicitó información al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre la situación actual del alcalde, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
