By El hecho ocurrió el martes 1 de julio en las calles céntricas de Latacunga, donde la acusada fue exhibida ante la opinión pública sin la intervención de las autoridades competentes. María Esther Veloz, concejal de Latacunga, expresó su preocupación por la pasividad de la administración local ante un acto que calificó de “barbarie”. Veloz subrayó que, aunque existan acusaciones serias, corresponde a la justicia ordinaria resolver estos casos y no a la ciudadanía tomar medidas por su cuenta.
Además, Veloz criticó la falta de acción de las unidades municipales, limitándose a un comunicado en la página oficial del Municipio. “¿Qué pasa con la exposición?, (de la acusada). Hemos vivido una barbarie, no podemos exponer a la gente de esa naturaleza. Entiendo que está mal, pero está la justicia ordinaria para resolver”, afirmó la concejal.
Por su parte manifestó que es necesario que las autoridades municipales también debatan este tipo de acciones, pues se cometieron en las calles del cantón, “el Concejo Municipal debe abordar estos temas, debe pensar en los funcionarios públicos, en la institucionalidad, porque hoy resulta ser, que esto se volvió como un circo romano al exponer a la ciudadana”, culminó.
El debate se intensifica considerando que el hecho tuvo lugar frente a la municipalidad y pasó por la Gobernación de Cotopaxi, en presencia de miembros de la Policía Nacional que no intervinieron. El artículo 171 de la Constitución del Ecuador menciona, “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.
El abogado Luis Carrillo señaló en su artículo presentado en este medio de comunicación que la justicia indígena está reconocida en la Constitución, pero también tiene un proceso de aplicación, entre ellos, que no se lo podrá realizar fuera de su territorio, por lo que existe el respeto a los derechos humanos.
Carrillo criticó la inacción de las autoridades al no proteger la integridad física y moral de la acusada, permitiendo su privación de libertad sin orden de un juez competente.
El caso también pone de relieve un problema de fondo: la corrupción en la función pública. Se conoció que una de las denunciantes habría entregado 8.500 dólares para obtener puestos de trabajo en la municipalidad de Latacunga, durante la entrevista señaló que fue para sus dos sobrinas y un cuñado. El jurisconsulto recordó que el delito de concusión, juzga tanto a la persona que siendo empleada pública solicita dinero a cambio de un beneficio, pero también a la persona que paga para obtener algún tipo de beneficio.
Xavier Cajilema, otro concejal de Latacunga, mencionó que en algunos casos se habría devuelto parte del dinero a las víctimas. “Deben decir cómo les devolvieron ya una parte del dinero llevándoles al mall. Ellos conocen el nombre del abogado que les entregó el dinero”, señaló.
Cajilema subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar quiénes facilitaron estos actos desde dentro de las instituciones públicas. “De seguro uno o dos ingresaron con auspicio de alguien, lo que hizo creíble la propuesta”, afirmó.
El incidente ha desatado un debate más amplio sobre la corrupción en el sector público, donde no solo hay culpabilidad en quienes solicitan sobornos, sino también en quienes los ofrecen. “Esto va de ida y vuelta, pero no significa que se tenga que llevar un proceso a quien lidera esta causa”, concluyó Cajilema.
