Informe evidenciaría incumplimiento de sentencia que ordena proteger al jambato en Angamarca

Informe evidenciaría incumplimiento de sentencia que ordena proteger al jambato en Angamarca

A un mes de emitida una sentencia judicial que ordenó proteger al jambato (Atelopus ignescens) y su hábitat en Angamarca, Pujilí, el informe de seguimiento (delegado a la Alianza Jambato) concluiría que las medidas dispuestas no han sido cumplidas y que la especie continúa en riesgo.

El fallo, emitido el 7 de marzo de 2026, habría reconocido la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordenó medidas urgentes: suspender la obra vial Pasapungo-Angamarca-El Corazón, reparar el daño ambiental, declarar un área protegida y activar mecanismos de monitoreo y control.

Sin embargo, el informe señalaría que ninguna de estas acciones ha sido implementada de manera comprobable, en tanto que el seguimiento de la sentencia se da en un escenario de conflictividad que incluiría restricciones al trabajo técnico y una campaña de desinformación. Este contexto habría limitado la verificación en territorio y la implementación de medidas.

Según la Alianza Jambato, las instituciones responsables (incluidos el Ministerio del Ambiente y la Prefectura de Cotopaxi) tampoco han entregado información sobre avances, pese a requerimientos formales realizados en el marco del seguimiento.

“Aunque las autoridades han promovido la creación de un Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), esta figura no sustituye la obligación de declarar un área protegida, tal como ordena la sentencia”, aseguró la Alianza Jambato.

Además, el ACUS presentaría vacíos críticos: “no cuenta con plan de manejo, zonificación ni mecanismos claros de gestión, y tampoco se ha implementado en la práctica”.

El informe también señalaría que el proyecto vial operó sin la autorización ambiental adecuada ni un plan correctivo, pese a medidas de suspensión recibidas durante el proceso de construcción. De ahí que se registrarían afectaciones en ríos y quebradas que forman parte del hábitat de la especie.

“El caso de Angamarca marca un precedente: o se garantiza el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, o los derechos de la naturaleza corren el riesgo de quedarse en el papel”, advierte el informe, según la Alianza Jambato.

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