By Durante el lunes y martes, clientes de este Banco se vieron obligados a esperar varias horas para completar operaciones básicas. Esta situación provocó malestar generalizado entre los usuarios, quienes expresaron su insatisfacción a través de redes sociales y en medios locales.
A través de sus canales oficiales, el Banco del Pichincha lamentó los inconvenientes y explicó que los percances se deben a “mejoras en sus servicios”, sin embargo, la falta de información oportuna generó especulaciones y la circulación de noticias falsas que alarmaron a la ciudadanía.
En respuesta, la entidad emitió un comunicado enfático: “Ante recientes noticias falsas que circulan de manera irresponsable, queremos comunicarles que Banco Pichincha mantiene su solidez y estabilidad financiera intactas. Los fondos de todos nuestros clientes están seguros y protegidos”.
La Superintendencia de Bancos, también se pronunció al respecto, asegurando que tanto los depósitos como las operaciones de los clientes están resguardados. “En ejercicio de sus competencias legales, esta Superintendencia ha iniciado un proceso administrativo sancionador ante los incidentes suscitados con Banco Pichincha”, informó la institución al detallar medidas para garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional.
Autoridades financieras remarcaron que el sistema ecuatoriano cuenta con indicadores sólidos, respaldados por una supervisión estricta en riesgos y estándares internacionales. Esta declaración busca evitar especulaciones y mantener la calma entre la población.
Además, se recordó que la difusión de información falsa con fines desestabilizadores constituye un delito. Según el artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de pánico financiero se sanciona con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En este contexto, la Superintendencia anunció acciones legales contra quienes difundan publicaciones irresponsables e infundadas en redes sociales.
Mientras tanto, los usuarios del Banco del Pichincha esperan que la entidad financiera solucione pronto los inconvenientes técnicos y mejore la comunicación para evitar futuros episodios de incertidumbre.
Con estas medidas y pronunciamientos oficiales, se busca restablecer la confianza del público en el sistema fiscal y mitigar el impacto de la desinformación en la estabilidad financiera del país.
