Arón Sánchez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, destacó que Latacunga ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la aplicación de sistemas para la protección de derechos. Sin embargo, enfatizó la importancia de continuar fortaleciendo estos mecanismos para garantizar una atención integral y oportuna a la población.
Uno de los principales desafíos identificados en el Ecuador es la agilidad en la resolución de procesos administrativos. Según Sánchez, las juntas cantonales deben garantizar que estos procesos no superen los 30 días. No obstante, se ha evidenciado que algunos casos pueden demorar hasta cinco años, lo que representa una grave vulneración de derechos para los ciudadanos afectados.
Para abordar estas problemáticas, se han establecido mesas de fortalecimiento interinstitucional en las que participan entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las Juntas y Consejos de Protección de Derechos y concejales locales. En estas mesas se proponen acciones inmediatas que buscan responder de manera eficiente a las demandas de la ciudadanía.
En el caso particular de Latacunga, se ha identificado la falta de personal técnico especializado como un obstáculo significativo para brindar una atención de calidad a los usuarios. Esta situación se replica en otras provincias, donde se están trazando líneas de acción específicas para mejorar los servicios de protección de derechos. Menciona que se ha establecido un proceso de observación que se extenderá durante seis meses para evaluar la implementación de los cambios y los resultados obtenidos en Latacunga. En caso de detectarse incumplimientos, estos serán reportados a las autoridades competentes, como la Contraloría General del Estado, para que se adopten las medidas administrativas correspondientes