By Durante esta semana, el Consejo de la Judicatura declaró el estado de emergencia en la Función Judicial a escala nacional debido al déficit de más de 735 jueces. La medida busca, entre otros objetivos, enfrentar la crisis operativa que afecta al sistema, pues el 54 % de las dependencias judiciales funciona en estado crítico por la falta de personal. El costo estimado para ejecutar esta emergencia asciende a 24,1 millones de dólares.
Patricio Coronel, exdirector del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi y abogado en libre ejercicio, señaló que la declaratoria de emergencia era una medida necesaria y urgente que debió adoptarse hace mucho tiempo. Sin embargo, considera que el principal obstáculo para su ejecución será la falta de recursos económicos.
Coronel advirtió que, para que la declaratoria tenga resultados, el Consejo de la Judicatura debe contar con el presupuesto necesario; de lo contrario, la medida “quedará en un saludo a la bandera”. Agregó que los problemas de la Función Judicial no se solucionan únicamente con la incorporación de jueces, sino también con la contratación de secretarios, asistentes, citadores, coordinadores, gestores de audiencias y personal administrativo, además de la dotación de mobiliario, equipos tecnológicos y sistemas de videoconferencia. Todo ello requiere una inversión permanente de varios millones de dólares al año.
En Cotopaxi, la Función Judicial enfrenta, además del déficit de jueces, serias limitaciones de infraestructura. Los edificios no han recibido mantenimiento durante más de diez años y el Complejo Judicial de Latacunga ya no dispone de espacio para incorporar más personal, por lo que muchos funcionarios trabajan en condiciones de hacinamiento. Los profesionales del derecho esperan que la declaratoria de emergencia permita atender estas necesidades y no quede únicamente en un anuncio por falta de financiamiento. Confían en que las medidas contribuyan a mejorar el funcionamiento de una de las instituciones con menor credibilidad en el país.
