Custodiado por una caravana policial, el bus que transportaba a Álvarez partió desde Quito hacia Cotopaxi en horas de la madrugada del jueves, esto en cumplimiento a la medida de un juez que acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para el alcalde y otras cuatro personas, entre ellas sus dos hermanos, por el presunto delito de delincuencia organizada.
El comandante de Policía de la Subzona Cotopaxi, Edison Rodríguez, confirmó el ingreso del funcionario en horas de la madrugada. “en este caso ya fue dicta de prisión preventiva, los trámites se dieron ya directamente al SNAI, quien maneja este tipo de actividades”, señaló, al referirse al procedimiento aplicado tras la disposición judicial.
En primera instancia, Rodríguez indicó que cinco procesados fueron ingresados inicialmente en la provincia; sin embargo, uno de ellos fue trasladado a la ciudad de Cuenca, sin ofrecier mayores detalles sobre las identidades de quienes permanecen en Cotopaxi. Por su parte, el abogado defensor del alcalde aseguró que “él (Aquiles A.) es el único que se encuentra acá, los otros cuatro procesados que tienen prisión preventiva, que son los dos hermanos del alcalde y dos personas más se encuentran en la cárcel de Turi en Cuenca”.
En relación con la seguridad, el comandante manifestó que se están ejecutando las gestiones correspondientes, aunque recalcó que el procesado es “un ciudadano común y corriente como cualquiera”. Explicó además que existe un protocolo inicial de transición para las personas privadas de libertad.
“se analizará, hay una etapa de transición primeramente entran a transitoria, son evaluados de que no estén enfermos, que no tengan ningún inconveniente y bueno, posterior son designados a los diferentes pabellones”, detalló Rodríguez, quien añadió que la administración interna del centro carcelario definirá las acciones específicas y posibles coordinaciones de resguardo.
Desde la defensa, Ramiro García calificó la medida como una “retaliación”, argumentando que existía una recomendación judicial para que los procesados fueran trasladados al Centro de Rehabilitación de Pichincha No. 2 por el “especial riesgo que podría correr su vida en integridad” del alcalde, observación que, según indicó, no fue acogida por el SNAI.
Al mediodía de este jueves, el abogado señaló que dialogará con su defendido para conocer las condiciones de reclusión y advirtió que, de no ser adecuadas, solicitarían el traslado. No obstante, enfatizó que la prioridad de la defensa es obtener su libertad inmediata, tras considerar la medida como “claramente ilegítima, claramente ilegal y que no tiene ningún sentido teniendo en cuenta los antecedentes del caso”.
Informó que ya fue presentado un recurso de apelación contra la prisión preventiva. “El recurso de apelación de la prisión preventiva tiene por objeto que se revoque esta medida por ilegítima y no tener sentido es totalmente irracional, desproporcionada e innecesaria. Hemos presentado el día de hoy un recurso de apelación que tiene que tramitarse de acuerdo a lo que establecen las normas del código orgánico integral Penal”, concluyó.
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