By La audiencia convocada para el 9 de junio dentro del proceso judicial relacionado con la protección del jambato negro de páramo (Atelopus ignescens) fue suspendida nuevamente, por lo que la sentencia emitida el 7 de marzo de 2026 por la Unidad Judicial Penal con sede en Riobamba continúa vigente y mantiene todos sus efectos jurídicos. Así lo aseguró la Alianza Jambato.
La sentencia declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordenó una serie de medidas de reparación integral para proteger el hábitat de la única población conocida de esta especie críticamente amenazada, ubicada en la parroquia Angamarca, Cotopaxi.
Mientras no exista una resolución que modifique lo dispuesto por la autoridad judicial, las obligaciones establecidas en la sentencia continúan siendo de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones involucradas.
Según la Alianza Jambato, “esta situación resulta relevante, considerando que el plazo de 60 días otorgado por la jueza para la ejecución de varias medidas ya concluyó y que, de acuerdo con el Tercer Informe Intermedio de Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia presentado por la Alianza Jambato, persisten incumplimientos en aspectos fundamentales para la conservación de la especie”.
Entre ellos se encuentra la ausencia de procesos integrales de restauración ecológica del hábitat afectado, la falta de monitoreo científico continuo del jambato, la inexistencia de mecanismos formales de vigilancia ambiental territorial y la falta de implementación de medidas orientadas a restablecer la conectividad ecológica de los ecosistemas impactados por la construcción vial.
La inspección técnica realizada el pasado 27 de mayo por especialistas de la Alianza Jambato, la Fundación Jocotoco y el Movimiento Animalista Nacional, con acompañamiento de la Unidad Policial de Medio Ambiente, documentó la persistencia de escombros en quebradas y cauces, vegetación ribereña y de quebrada sepultada, procesos erosivos activos, alteraciones en la dinámica hídrica y otros impactos ambientales que continúan afectando sitios clave para la especie.
Asimismo, el informe señala que la jueza solicitó al Ministerio del Ambiente y Energía que se pronunciara respecto de los incumplimientos reportados durante el seguimiento de la sentencia. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha recibido una respuesta formal por parte de esa institución.
La Alianza Jambato recuerda que la suspensión de las actividades viales constituye únicamente una de las medidas ordenadas por la sentencia. La reparación integral exige además restaurar los ecosistemas afectados, implementar monitoreo científico permanente y avanzar en mecanismos de protección efectiva del territorio que garanticen la supervivencia de Atelopus ignescens (jambato) a largo plazo.
La Fundación reiteró su disposición al diálogo con las comunidades, autoridades locales y entidades del Estado para construir soluciones que permitan conciliar las necesidades de desarrollo con la protección de la biodiversidad. “El desarrollo no puede construirse sobre la extinción. La conservación del jambato y de los ecosistemas que sostienen el agua y la vida en Angamarca es una responsabilidad compartida que requiere acciones concretas y el cumplimiento efectivo de la sentencia”, señaló Ma. del Carmen Vizcaíno, presidenta de la Alianza Jambato.
