By En Latacunga, tres dirigentes sociales investigados por la Fiscalía por el presunto delito de instigación denunciaron ser víctimas de persecución política. El proceso judicial se enmarca en las manifestaciones realizadas a nivel nacional tras la eliminación del subsidio al diésel.
Los investigados son Paúl Jácome, dirigente de Unidad Popular de Cotopaxi; Mario Guilcamaigua, representante de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi y excandidato a asambleísta por el mismo movimiento político; y Luis Chillagana, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Los tres comparecieron este lunes 6 de octubre ante la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria.
El abogado defensor, Paul Panchi, explicó que la acusación formulada por la Fiscalía se refiere al delito de instigación, que según resalta implica “incitar a otra persona a cometer un delito”. Sin embargo, aseguró que ninguno de los dirigentes convocó a actos ilícitos durante las protestas sociales.
“Se supone que quieren hacerles responsables a los compañeros respecto del cometimiento de algún delito, lo cual primero, ni ha ocurrido. Segundo, no se ha convocado en ningún sentido a cometer delito alguno a las personas que están en contra de las políticas del gobierno”, señaló el abogado Panchi.
El jurista calificó el proceso como un acto de amedrentamiento político y aseguró que se pretende intimidar a quienes han manifestado su pensamiento frente al incremento del precio de los combustibles y “la falta de inversión en sectores sensibles como educación, salud y seguridad social”.
Además, denunció que este tipo de acciones vulneran el derecho a la libertad de expresión. “Lo que se está haciendo es una persecución política” añadió. Asegura que sus defendidos están compareciendo ante la justicia, “estamos demandando que cese la persecución y que además quienes están encargados de realizar la investigación lo hagan con absoluta imparcialidad”, enfatizó.
Panchi reveló que, desde septiembre, la Policía Nacional habría emitido un parte informativo solicitando autorización para realizar seguimiento a varios dirigentes sociales. “Personal de inteligencia ha estado dedicada a un seguimiento ilegal en contra de dirigentes de organizaciones sociales, incluso hasta disfrazados de comunicadores de medios comunitarios”, denunció.
El abogado señaló que esperan que el expediente sea archivado por falta de pruebas. “para eso debería no existir presión política que es lo que hay en estos momentos…., le corresponde al Estado demostrar que son culpables” resaltó.
En Cotopaxi son seis las personas investigadas dentro de este proceso, entre ellas los tres dirigentes mencionados y tres representantes del movimiento indígena: Leonidas Iza, Rafael Negrete y Víctor Hugo Tercero, aunque no se descarta que se sumen más nombres. Jácome y Chillagana reiteraron su inocencia y pidieron a la justicia ecuatoriana actuar “de forma neutral, libre de presiones políticas y con imparcialidad ante el poder del Estado”.
